Protestas

Numerosas asociaciones e instituciones públicas han mostrado su malestar por la supresión de la tarifa nocturna. Esta se ha llevado a cabo por Real Decreto y se calcula afectará en España a alrededor de un millón de usuarios. Se trata pues de una medida que afectará a una parte lo suficientemente importante de hogares españoles como para que toda la información gubernamental se haya quedado en el Boletín Oficial del Estado que no es una de las publicaciones que habitualmente encontramos en nuestros domicilios.

Este oscurantismo por parte del gobierno ha contribuido a generar gran desconfianza en la mayoría de los afectados. Se trata evidentemente de una medida impopular que supondrá, un gasto en la actualización de las instalaciones, un gasto en el aumento de potencia a contratar y un aumento importante en el precio del kilowatio durante las horas punta. Es cierto que el número de horas bonificadas aumenta de 8 a 14 horas pero también es cierto que donde antes se gravaba un 3% el consumo diurno ahora se gravará en un 35% y una buena parte de los aparatos del hogar los utilizamos en esas horas (televisión, cocina, ordenadores, iluminación, nevera etc.)

Son numerosos los colectivos que han protestado ante el Ministerio de Industria por la aplicación de estas medidas que, por lo visto, tienen su origen en una directiva europea. Nadie se ha preocupado por el momento de explicar cual es el alcance de esta directiva y hasta donde vincula a nuestro ejecutivo para realizar un cambio tan drástico en la reglamentación energética que ha provocado y provoca gran inseguridad jurídica en los ciudadanos ya que nadie les asegura el plazo de vigencia de las nuevas medidas aprobadas.

Otra cuestión es que no se haya otorgado un plazo más amplio para el cambio y que tenga que ser en principio el propio consumidor el que tenga que hacerse cargo de los cambios en la instalación para la aplicación de estas medidas.

Asociaciones de consumidores, colegios profesionales como el de ingenieros técnicos de A Coruña, debates políticos en ayuntamientos (Betanzos, A Coruña, etc) han presentado mociones o reclamaciones; incluso la propia Consellería de Industria (BNG) han solicitado al Ministerio de Industria medidas para paliar en los hogares gallegos el alto impacto económico que se le supone a esta medida.